El poder no puede relativizar el abuso infantil en el Perú ⚖️
En el Perú atravesamos un escenario de incertidumbre política en plena campaña electoral, pero la protección de la infancia frente al abuso no puede quedar relegada. Niñas, niños y adolescentes requieren garantías del Estado, no discursos ambiguos. Este artículo propone una reflexión ética, legal y social sobre la responsabilidad ineludible de proteger a la infancia frente al abuso.
Buen inicio de semana, querida comunidad 💜.
Vivimos días de movimiento político que influyen directamente en el rumbo del Perú, y no quiero ser ajena a lo que muchas personas sentimos ante este contexto. Como compartí en mi artículo "¿Cómo organizarnos para apoyar al país? 🌱🌎", creo en la participación consciente y responsable, especialmente cuando hablamos de infancia.
Reflexionar no significa insultar ni reaccionar desde la rabia. Implica detenernos y analizar qué temas realmente deberían ocupar el centro del debate público, sobre todo cuando están en juego la protección infantil y la responsabilidad del Estado frente al abuso infantil.
Escuchamos desde siempre que la infancia es el futuro del país, pero más que una frase repetida, debe ser una prioridad jurídica y ética. Porque cuando hablamos de niñez, hablamos de derechos fundamentales. Y aquí comienza algo que no puede reducirse a una simple opinión, sino que implica responsabilidad.
Buen inicio de semana, querida comunidad 💜.
Vivimos días de movimiento político que influyen directamente en el rumbo del Perú, y no quiero ser ajena a lo que muchas personas sentimos ante este contexto. Como compartí en mi artículo "¿Cómo organizarnos para apoyar al país? 🌱🌎", creo en la participación consciente y responsable, especialmente cuando hablamos de infancia.
Reflexionar no significa insultar ni reaccionar desde la rabia. Implica detenernos y analizar qué temas realmente deberían ocupar el centro del debate público, sobre todo cuando están en juego la protección infantil y la responsabilidad del Estado frente al abuso infantil.
Escuchamos desde siempre que la infancia es el futuro del país, pero más que una frase repetida, debe ser una prioridad jurídica y ética. Porque cuando hablamos de niñez, hablamos de derechos fundamentales. Y aquí comienza algo que no puede reducirse a una simple opinión, sino que implica responsabilidad.
No es opinión, es responsabilidad
La protección de la infancia no es una postura ideológica ni una preferencia política. Es un estándar mínimo de cualquier sociedad que se rige por el respeto a los derechos humanos. Cuando se trata de abuso infantil, no hablamos de interpretaciones, hablamos de hechos que generan daño profundo y consecuencias permanentes.
En los últimos días hemos visto cómo declaraciones públicas y debates políticos, en plena campaña electoral, pueden minimizar, relativizar o desplazar la gravedad de situaciones que involucran a menores de edad. Más allá de los nombres propios, lo preocupante es el mensaje que se instala cuando la protección infantil deja de ser prioridad en el discurso institucional.
No es la primera vez que el país enfrenta cuestionamientos sobre la forma en que el poder aborda casos que afectan a niñas, niños y adolescentes. Según la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y septiembre del 2024 se registraron más de 46,000 casos de violencia contra menores de edad atendidos por los Centros Emergencia Mujer, incluyendo miles de casos de violencia sexual.
Por eso es importante insistir: la defensa de la infancia no puede depender del clima político del momento. En mi papel como educadora, considero fundamental visibilizar este tema. Es una obligación permanente del Estado y de quienes ejercen autoridad. Y esa obligación encuentra sustento claro en el marco jurídico que rige nuestro país.
El marco legal no es opcional ⚖️
La protección de niñas, niños y adolescentes no depende de la voluntad política del momento. En el Perú, es una obligación jurídica expresa. No es un discurso improvisado, es mandato normativo. Cuando el Estado asume compromisos en materia de infancia, lo hace con carácter vinculante. Eso significa que no puede relativizarse según conveniencias coyunturales.
La Constitución Política del Perú, en su artículo 4, establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente, en condiciones de igualdad y sin distinción. No es una recomendación: es un deber constitucional. A ello se suma la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por el Perú y con jerarquía constitucional, que obliga a priorizar el interés superior del niño en toda decisión pública o privada que lo involucre.
Desde su nacimiento, toda niña y todo niño tiene derecho a la identidad, a la educación, a la salud, a la protección y a desarrollarse en condiciones dignas. El Código de los Niños y Adolescentes - Ley N° 27337 desarrolla este mandato y reconoce expresamente el principio del interés superior del niño como eje rector. Esto implica que cualquier autoridad, funcionario o institución debe colocar la protección integral del menor por encima de intereses políticos, económicos o personales. No hacerlo no es solo una omisión ética; puede constituir responsabilidad administrativa e incluso penal.
Asimismo, la Ley N° 30364, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incluye de manera expresa la protección de menores frente a cualquier forma de violencia. Esta norma ha permitido la actuación de los Centros Emergencia Mujer y la implementación de medidas de protección inmediatas. Es un ejemplo concreto de cómo el marco legal se traduce en acciones reales y verificables.
Otro instrumento clave es la Ley N° 30466, que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Esta ley obliga a jueces y autoridades administrativas a motivar sus decisiones cuando se trate de derechos de menores. No basta con mencionar el principio; debe aplicarse de manera fundamentada y demostrable.
Cuando se emiten declaraciones públicas que minimizan o limitan situaciones que afectan a la infancia, no solo se genera debate, se corre el riesgo de vulnerar derechos protegidos por ley. Un niño o niña que sufre violencia no es parte de una discusión política; es una persona cuya integridad está siendo comprometida, y es tarea de toda la sociedad protegerle. Normalizar la vulneración de sus derechos erosiona el compromiso institucional que el propio Estado ha asumido.
Por eso, cuando el debate público involucra a menores, no estamos ante un asunto opinable. El marco normativo peruano es claro, vigente y exigible. La pregunta ya no es si corresponde proteger, sino cómo se está cumpliendo esa obligación en la práctica. Y para comprender la magnitud de lo que está en juego, es necesario revisar también lo que la investigación científica ha demostrado sobre las consecuencias del daño en la infancia.
La evidencia científica sobre el abuso infantil 📊
La evidencia científica es contundente: el abuso infantil no es un fenómeno anecdótico ni aislado, y sus efectos no desaparecen con el tiempo si no se atienden. Estudios internacionales han demostrado que las formas de maltrato —físico, psicológico, sexual o negligencia— están asociadas con consecuencias graves para la salud física y mental de quienes las sufren, tanto en la infancia como en la adultez. El impacto no solo afecta a la persona, sino que también implica costos sociales y económicos para toda la comunidad.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta 6 de cada 10 niños menores de cinco años experimentan violencia física o psicológica en el hogar, y entre quienes llegan a la adultez, una proporción significativa reporta haber sufrido abuso en la infancia. Este maltrato tiene efectos duraderos, incluyendo mayor probabilidad de problemas de salud mental, dificultades educativas y conductas de riesgo como consumo de sustancias.
La investigación científica también ha mostrado que el abuso y la negligencia pueden alterar el desarrollo cerebral de menores expuestos a situaciones de violencia repetida. Alteraciones en estructuras vinculadas con el aprendizaje, la memoria y el control emocional han sido observadas en estudios neuropsicológicos, lo que explica por qué muchos niños y adolescentes que han sido maltratados enfrentan desafíos académicos, sociales y emocionales persistentes.
En mi experiencia, he acompañado casos de niños y niñas de zonas vulnerables que viven violencia doméstica. Al acudir con voluntarios a brindarles clases, encontraron un espacio de esperanza y acompañamiento que mejoró significativamente su rendimiento académico.
Algunos ejemplos de hallazgos respaldados por evidencia son:
- Violencia normalizada en el hogar: Más de 1,6 mil millones de niños experimentan disciplina violenta en casa, lo que correlaciona con efectos negativos en su bienestar y desarrollo - UNICEF Data.
- Consecuencias psicológicas a largo plazo: Meta-análisis muestran asociaciones significativas entre experiencias de abuso (físico, emocional o negligencia) y el riesgo de depresión, consumo de drogas, conductas de riesgo sexual y suicidio en la vida adulta.
- Efectos en la educación y desarrollo cognitivo: El estrés crónico asociado a maltrato puede dificultar la atención, el rendimiento escolar y la regulación emocional de los menores.
La ciencia demuestra algo crucial: la protección infantil es responsabilidad colectiva. Sí, corresponde al Estado garantizar marcos, servicios e intervención profesional, pero también corresponde a toda la sociedad —familias, escuelas, salud y comunidades— crear entornos seguros, denunciar cuando exista evidencia de daño y promover prácticas de crianza respetuosa y formativa.
Y con esta base científica sobre lo que representa el abuso, podemos avanzar a analizar cómo las discusiones públicas y políticas, cuando las minimizan o relativizan, terminan debilitando esa misma protección que niñas, niños y adolescentes requieren con urgencia.
Cuando el discurso político debilita la protección
En el contexto político actual, donde las voces públicas moldean la percepción social, el discurso de autoridades y candidaturas influye directamente en cómo se entiende la protección de la infancia. Cuando las declaraciones minimizan o trivializan el abuso infantil, no solo distorsionan la gravedad del problema, sino que debilitan el compromiso colectivo para enfrentarlo. Las palabras, cuando provienen del poder, no son opiniones sueltas: funcionan como señales que pueden reforzar o erosionar conductas sociales.
La evidencia demuestra que convertir la violencia contra menores en discusión ideológica frena políticas de prevención y reparación. La vulneración de derechos infantiles comprende cualquier transgresión a los derechos de niñas, niños y adolescentes, sea o no constitutiva de delito según la legislación vigente. Cuando este marco se diluye en mensajes imprecisos, se instala confusión y se debilita la protección efectiva de quienes deberían ser prioridad absoluta.
En el Perú, recientes escenarios electorales y debates públicos han evidenciado posturas dispares. Algunas figuras políticas han emitido declaraciones ambiguas respecto a la protección de menores, generando preocupación en la opinión pública. Sin embargo, también existen representantes que han defendido de forma clara el interés superior del niño, respaldando marcos legales y políticas sustentadas en evidencia científica y estándares internacionales.
Ejemplos relevantes incluyen:
Posturas desinformadas o ambiguas:
- Declaraciones que proponen modificar la edad de consentimiento o interpretan de forma imprecisa normas de protección infantil.
- Debates centrados exclusivamente en sanciones, sin enfoque preventivo ni atención integral a víctimas.
Posturas correctas y alineadas con protección infantil:
- Legisladores que han impulsado reformas para fortalecer mecanismos de denuncia y protección.
- Autoridades que promueven campañas de prevención y educación con enfoque de derechos y base científica.
👉🏽 Fuente complementaria: Perú presenta avances históricos en la protección de la infancia ante el Comité de la ONU en Ginebra - gob.pe
El rol del Estado no es debatir, es proteger 🏛️
Con la comprensión de cómo las voces públicas pueden influir sobre la protección de la infancia, es momento de revisar más de cerca qué se espera del Estado y de sus instituciones cuando se trata de garantizar ese deber fundamental.
Como se ha señalado a lo largo de este artículo, la protección de niñas, niños y adolescentes no es una opción política ni una agenda circunstancial; es una obligación constitucional y jurídica permanente. Cuando se trata de derechos fundamentales, la función estatal no es polemizar, sino actuar con diligencia y coherencia institucional.
El Estado tiene la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de violencia contra menores, así como de garantizar servicios de atención psicológica, educativa y social. Esto implica presupuesto adecuado, capacitación continua de operadores de justicia y sistemas de respuesta eficaces. No basta con declaraciones públicas de rechazo; se requieren políticas sostenidas y mecanismos de supervisión que aseguren resultados verificables.
Sin embargo, la exigencia no recae únicamente en el aparato estatal. Como sociedad, también tenemos el deber de no normalizar conductas que afecten la integridad de la niñez, de denunciar situaciones de riesgo y de respaldar políticas basadas en evidencia. Cuando la ciudadanía guarda silencio frente a discursos que debilitan la protección infantil, contribuye indirectamente a la perpetuación del problema. La defensa de los derechos de la infancia es una responsabilidad compartida.
Criticar al Estado no significa desconocer avances, sino exigir coherencia entre norma y práctica. El verdadero liderazgo institucional se demuestra cuando se prioriza el interés superior del niño por encima de intereses partidarios o coyunturales. Proteger implica decisión, recursos y voluntad sostenida en el tiempo, no declaraciones aisladas. Y es precisamente esa coherencia la que permitirá que el compromiso con la infancia trascienda discursos y se convierta en acción concreta, abriendo paso a una reflexión final sobre el papel activo que nos corresponde asumir como comunidad.
👉🏽 Fuente complementaria: Defensoría del Pueblo – Grupo de especial protección - Niñez, adolescencia y juventud
Construyendo comunidad 🦋
Este blog nace precisamente desde esa convicción: informar con responsabilidad, reflexionar con evidencia y promover diálogo consciente. Si este contenido aportó claridad, te invito a seguir explorando y visitar mis redes sociales para amplificar el mensaje. La protección infantil necesita voces informadas que no guarden silencio.
Te invito a dejar en los comentarios una sola palabra que represente lo que significa para ti proteger a la niñez. A veces una palabra basta para recordar que el cambio empieza en casa, se fortalece en comunidad y se consolida cuando decidimos actuar con coherencia.
Hasta la próxima,
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